La feminización institucional

En septiembre de 2025, en NatCon 5, Helen Andrews abrió su charla recordando una vieja entrada de blog de Tyler Cowen.¹ Cowen, el economista libertario, había listado las siete revoluciones más grandes que había visto en el curso de su vida: desde el alunizaje, pasando por la caída del comunismo, hasta la llegada reciente de la inteligencia artificial. Entre la caída del muro y la invención de internet, Cowen ubicaba una revolución que casi nadie nombra así: the great feminization. La charla de Andrews —transcripta al mes siguiente como artículo en Compact bajo el título The Great Feminization²— sostiene que esa revolución es la que explica, más que cualquier otra, el fenómeno cultural que llamamos wokeness. Le valió más de cien mil vistas en YouTube y un rechazo predecible en los medios progresistas.³

Aclaro algo antes de arrancar. El tema es políticamente caliente y cualquiera que lea esto va a llegar con un prejuicio. Yo también. Voy a tratar de ordenar el argumento de Andrews honestamente y marcar dónde su evidencia es fuerte y dónde es débil. Los contrapesos van al final, no porque sean menos importantes, sino porque la crítica ordenada necesita primero poner la tesis sobre la mesa.

Las tres afirmaciones de Andrews

La tesis de Andrews se puede descomponer en tres afirmaciones encadenadas. La primera es demográfica y verificable. La segunda es explicativa y más discutible. La tercera es política y descansa en las dos anteriores.

Afirmación demográfica. Entre 2016 y 2023, varias instituciones clave de Estados Unidos cruzaron el umbral de mayoría femenina. Las facultades de derecho lo hicieron en 2016. El personal del New York Times alcanzó paridad en 2018 (55% en 2024). Las facultades de medicina en 2019, el mismo año en que las mujeres pasaron a ser mayoría de trabajadores con título universitario. Las asociadas de los grandes bufetes de abogados llegaron a mayoría en 2023, y lo mismo las instructoras universitarias. Estos datos no son controvertidos: salen de los propios registros oficiales de la American Bar Association, del Bureau of Labor Statistics y del censo laboral del Times. Andrews remarca que la escala del fenómeno es históricamente inédita: «piensen en todos los parlamentos que hayan existido. Cada legislatura, en cada país, en cada siglo. Ninguno ha sido, como el nuestro, un tercio femenino».¹ El punto que subraya es que nunca hubo sociedades enteramente feministas en sentido estricto, pero que la representación femenina en instituciones con poder de decisión alcanzó en la última década valores sin precedente — y que el fenómeno que después se etiquetó como wokeness coincide cronológicamente con esos cruces. Al menos una sugestiva correlación temporal.

Afirmación explicativa. Andrews se apoya en el trabajo de Joyce Benenson, psicóloga evolutiva de Harvard y autora de Warriors and Worriers (Oxford University Press, 2014).⁴ La tesis de Benenson es que hombres y mujeres desarrollaron dinámicas grupales distintas por presiones selectivas distintas: los hombres, optimizados para coaliciones guerreras con reglas explícitas y jerarquías abiertas; las mujeres, para proteger descendencia en redes cooperativas con menor conflicto abierto y más control social encubierto. Andrews agrega los datos de Bo Winegard y Cory Clark sobre la brecha de género en valores políticos: en una encuesta de 2018 de la Knight Foundation a 4.407 estudiantes universitarios de tiempo completo, 71% de los hombres dijo que proteger la libertad de expresión era más importante que promover una sociedad inclusiva, mientras que 59% de las mujeres dijo lo contrario: que promover una sociedad inclusiva era más importante que proteger la libertad de expresión.⁵ La conclusión que saca Andrews: cuando una institución pasa a tener mayoría femenina, empieza a operar con los patrones típicos del grupo femenino — consenso en vez de conflicto, empatía en vez de racionalidad, seguridad en vez de riesgo, ostracismo encubierto en vez de confrontación abierta.

Afirmación política. De ahí Andrews deriva la fórmula que condensa toda su charla: «feminización es igual a wokeness. Todo lo que ustedes piensan como wokeness es simplemente un epifenómeno de la feminización demográfica».¹ Los rasgos que en los años noventa se habrían diagnosticado como «exceso de corrección política» —priorizar empatía en vez de racionalidad, seguridad en vez de riesgo, conformidad y cohesión en vez de competencia y jerarquía— son, según ella, subproductos naturales de cómo funcionan los grupos femeninos cuando alcanzan masa crítica en lugares con poder: tribunales, diarios, universidades, aparatos de recursos humanos. El caso paradigmático que desarrolla es el memo de James Damore en Google (2017): Damore escribió un documento interno argumentando que la sub-representación femenina en ciencias duras podía explicarse por diferencias de intereses y no necesariamente por sesgo, y fue despedido. El punto que subraya Andrews no es si Damore tenía razón empíricamente, sino el mecanismo de su despido: «nadie siquiera intentó argumentar que estaba equivocado en los hechos. La razón por la que fue despedido fue que las cosas que había escrito podían hacer sentir mal a sus compañeras de trabajo».¹ Cita también los tribunales universitarios del Título IX y las audiencias de Kavanaugh como ejemplos del reemplazo del imperio de la ley por la «credibilidad emocional». Su propuesta final no es cerrar puertas a las mujeres sino «quitar el pulgar de la balanza»:¹ revertir el marco legal antidiscriminatorio y el poder de veto de RRHH que según ella convierte a la feminización que podría ser orgánica en obligatoria.

Lo que la evidencia sostiene y lo que no

Me parece importante separar los tres niveles porque la evidencia se distribuye desigualmente entre ellos.

La afirmación demográfica es directamente verificable y, en lo que respecta a los datos duros, aguanta. Los cruces de mayoría femenina en esas instituciones ocurrieron en las fechas que Andrews cita. El estudio de Winegard/Clark sobre el gap de género en libertad de expresión existe y está publicado. Hasta acá, la objetividad es defendible.

La afirmación explicativa empieza a tener problemas. Benenson es seria y sus datos sobre diferencias grupales son reales, pero interpretar el comportamiento institucional contemporáneo a partir de presiones selectivas del Pleistoceno es un salto largo. La psicología evolutiva tiene un historial conocido de just-so stories: narrativas plausibles que no se pueden falsar. Andrews no se mete en la mala versión de eso, pero tampoco cita los contraejemplos — hay instituciones con mayoría femenina que no siguieron el patrón (enfermería, ciertos tipos de escuela primaria históricamente feminizados), y hay instituciones con mayoría masculina que sí lo siguieron (muchas empresas tech). Si la variable explicativa real fuera el cambio generacional, la educación universitaria masiva post-2008, la profesionalización del aparato de RRHH, o la digitalización del conflicto público vía redes sociales, los datos demográficos serían correlación sin causalidad. Andrews no descarta ninguna de esas alternativas.

La afirmación política es donde se nota más el sesgo de selección. Los casos que cita — Summers, Damore, Weiss, Kavanaugh, Título IX — son todos consistentes con la tesis. Pero los casos incómodos (hombres cancelados por otros hombres, mujeres que defendieron la libertad de expresión contra las mayorías de sus instituciones, las derrotas de la propia Andrews dentro de medios conservadores también dominados por hombres) no aparecen. Eso no hace falsa la tesis, pero la debilita: un argumento que sólo selecciona evidencia compatible es un argumento incompleto.

Andrews misma se adelanta a parte de esa objeción con un concepto que pide prestado a Michael Anton, el celebration parallax: el patrón por el cual una diferencia social sólo se nombra si quien la nombra la celebra. Hay miles de artículos — dice Andrews — que afirman con entusiasmo que la feminización del poder judicial aportará empatía, o que la feminización de los directorios hará al capitalismo más humano. Nombrar el mismo fenómeno con signo contrario —decir que las mujeres están cambiando las instituciones de base y que eso podría ser malo— es lo que desencadena la sanción social. El concepto es útil con independencia de que uno comparta su conclusión: ayuda a explicar por qué el tema se discute tan mal.

Mi lectura honesta, entonces: el dato duro del cruce demográfico está bien documentado; la correlación con cambios culturales es observable; la causalidad a través de diferencias grupales es plausible pero no demostrada; y la receta política (revertir el derecho antidiscriminatorio) es una conclusión que va más allá de lo que la evidencia permite. No es un argumento falso, pero sí es un argumento que Andrews presenta con más certeza de la que los datos le autorizan. La cita más fuerte del artículo de Compact —«el imperio de la ley no sobrevivirá a que la profesión legal se vuelva mayoritariamente femenina»²— es, por ahora, profecía, no diagnóstico.

Vale la pena agregar algo más: la tesis de Andrews no es el único marco explicativo disponible. Se pueden mirar los mismos fenómenos — Título IX, la renuncia de Summers, la proliferación de RRHH — desde otros ángulos: la profesionalización del aparato disciplinario corporativo, el cambio generacional en la tolerancia al riesgo reputacional, la lógica de las redes sociales que premia la denuncia sobre el debate, la expansión del derecho antidiscriminatorio como fenómeno jurídico con vida propia. Ninguna de estas explicaciones alternativas excluye necesariamente la de Andrews, pero tampoco la necesita. Tomar su hipótesis como única lectura es empobrecer el análisis.

Si algo vale la pena rescatar de Andrews, no es la narrativa sobre «la feminización» — que es sugerente pero no está demostrada. Es el recordatorio de que el derecho antidiscriminatorio, como cualquier cuerpo legal, puede expandirse hasta reemplazar al debate público por un procedimiento administrativo, y que ese reemplazo no es gratis: paga el costo en libertad de expresión, y lo paga en una moneda que no se ve hasta que hace falta y ya no está.

Coda: una lectura más antigua

Hay una lectura de todo esto que no cabe del todo en el marco analítico, pero que me parece deshonesto no incluir porque es la que a mí me ordena las piezas. Está en el profeta Isaías, capítulo 3. Describiendo el juicio que caerá sobre Judá y Jerusalén, el texto dice: «Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores» (Is 3:4). Unos versículos después precisa quién ocupa el vacío: «Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos» (Is 3:12).⁶ Es un oráculo, no es sociología, y no se puede forzarlo a funcionar como tal. Pero contiene una intuición que me parece más profunda que la de Andrews: los dirigentes inmaduros no aparecen porque conspiren para aparecer. Aparecen cuando los hombres adultos abdican de la responsabilidad que les tocaba, y entonces el espacio se llena con lo que haya a mano.

Leída así, la tesis de la feminización institucional es la versión moderna y sociológica de un diagnóstico mucho más viejo. No es que las mujeres hayan tomado las instituciones por asalto. Las ocupan porque el vacío ya estaba. Los hombres que debían sostener la estructura —la firmeza del juicio, la regla aplicada aún cuando duele, la confrontación franca como signo de respeto antes que de agresión— renunciaron a esa tarea primero, y las dinámicas grupales que predominan cuando los hombres se retiran son las que, estadísticamente, aportan las mujeres. No es culpa de las mujeres haber ocupado un lugar que estaba abandonado; es consecuencia directa de que estaba abandonado. Esa lectura convierte la crítica a la feminización en algo distinto y más exigente: un llamado a la responsabilidad masculina que se perdió mucho antes de que cualquier estadística o cualquier charla llegara a nombrarla. El juicio de Isaías, si uno lo toma en serio, no cae primero sobre las mujeres que ocuparon lugares vacíos. Cae primero sobre los hombres que los dejaron vacíos.

Dejo la coda separada del análisis porque el análisis se sostiene por sí solo y no la necesita. Pero tampoco quiero hacer que el análisis finja neutralidad cuando la intuición que me empujó a escribir todo esto está más cerca de Isaías que de las encuestas de Winegard y Clark.

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